El pasado mes de julio el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo histórico para dar una respuesta contundente y decidida ante la situación económica y social extraordinaria generada por la pandemia. Tras unas complejas negociaciones, el 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como NextGenerationEU (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 millones de euros de 2018. El fondo de recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
El acuerdo sobre el fondo de recuperación NextGenerationEU autoriza a la Comisión Europea a emitir hasta 750.000 millones de euros de deuda en nombre de la Unión. Es decir, los 27 estados miembros se pusieron de acuerdo para endeudarse juntos con la vista puesta en invertir en un futuro común. La respuesta coordinada y solidaria a la pandemia supone una reacción muy diferente de la que tuvo lugar en la anterior crisis económica.
NextGenerationEU se compone de dos instrumentos principales:
Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros de 2018 y transferencias no reembolsables por una cantidad de 390.000 millones de euros. El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de 6 años, hasta finales de 2026. Los estados tendrán que devolver la parte que corresponde a los préstamos reembolsables antes del 31 de diciembre de 2058.
El MRR tiene seis pilares principales:
Todos ellos van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la Unión, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible.
Para alcanzar esos objetivos, cada Estado miembro debe diseñar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos, teniendo como principios inspiradores los cuatro aspectos señalados en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible: la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica.
Los fondos europeos del NextGenerationEU se ejecutarán respetando la distribución de competencias de los diferentes niveles de gobierno y de acuerdo con las formas de gasto definidas en el ordenamiento jurídico de las administraciones públicas. Es decir, se ejecutarán por tanto a través de convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes ministerios, comunidades autónomas y en algunos casos, ayuntamientos. Asimismo, está previsto que se incremente significativamente el uso de las herramientas de colaboración público-privada actualmente existentes.
Por tanto, a partir del segundo trimestre de 2021 y al menos hasta el final de 2023, las diferentes administraciones publicarán convocatorias de concursos públicos, subvenciones y ayudas orientadas a cumplir con los objetivos del plan (la transición ecológica y digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género).
Se creará un portal web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el fin de centralizar y canalizar toda la información sobre el mismo destinada a todos los interesados en acceder a los fondos.
Para que los fondos contribuyan a la transformación de la economía española, se requiere la implicación de la sociedad civil y el tejido empresarial, pero es también vital que todos los niveles de la Administración participen en la gestión de los fondos.
Por ello, se impulsará la cogobernanza con las CC.AA., a través de una nueva Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ella participan las CC.AA. y el Ministerio de Hacienda y su objetivo es canalizar la gobernanza multinivel y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan.
Cada uno de los ministerios ha activado además sus respectivas conferencias sectoriales con el objetivo de establecer un canal directo de participación de las CC.AA. en las decisiones del Plan y de institucionalizar la transmisión de información.
Las diferentes administraciones territoriales serán las responsables de la aplicación de los fondos del MRR en aquellas políticas que son de su competencia. Para ello, se establecerán los diferentes mecanismos de coordinación y traspaso de fondos establecido en la legislación vigente.
Las administraciones locales serán responsables de ejecutar aquellos programas de inversión de políticas que sean de su competencia.
Sí. Los diferentes ministerios están lanzando manifestaciones de interés para la presentación de proyectos dependiendo de los sectores y temas, con el objetivo de codiseñar los futuros instrumentos de ejecución de las ayudas. Posteriormente se realizarán convocatorias con publicidad y transparencia en cumplimiento de la legislación vigente. La instrumentación financiera y jurídica de las convocatorias se adaptará a los diferentes programas y en concurrencia competitiva a todos los interesados.
El objetivo es que las pequeñas empresas sean las grandes beneficiarias de las acciones de financiación previstas en el Plan. Los pequeños empresarios podrán beneficiarse de los fondos a través de las convocatorias que publiquen tanto ministerios como CC.AA. y ayuntamientos, dependiendo de sus competencias.
Para ello será necesario que todos los potenciales beneficiarios presenten propuestas a las distintas convocatorias financiadas por el Plan de Recuperación, que podrán ser gestionadas por la Administración General de Estado, comunidades autónomas o entidades locales. Todos ellos habilitarán los mecanismos necesarios para la adecuada participación de las pymes en las distintas convocatorias.
Como regla general, el MRR solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo. Abarca un amplio abanico de inversiones en capital humano (educación, formación, salud, protección social...), capital fijo (infraestructuras, I+D+i...) y capital natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático...). Todas estas inversiones pueden canalizarse a través de instrumentos financieros, esquemas de ayudas, subsidios u otros mecanismos.
El Reglamento (UE) 2021/241, que regula el MRR, establece las prioridades de uso de los fondos, que España ha concretado en el Plan de Recuperación, consensuado con la Comisión Europea. El Real Decreto-ley 36/2020, aprueba medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los diferentes organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos publicarán convocatorias de concursos y subvenciones, cuya adjudicación está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público y por la Ley General de Subvenciones. Asimismo, pondrán en marcha diferentes instrumentos de colaboración público-privada contemplados en la Ley de régimen jurídico del sector público y otras disposiciones normativas.
La selección de proyectos se realizará en función de los criterios técnicos establecidos en las convocatorias, y serán mesas de contratación y/o comités de carácter técnico y administrativo quienes realizarán la selección de los proyectos a financiar.
El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más como consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica necesarias para combatir a la COVID-19.
Los fondos del MRR se asignan en dos tramos: un 70% sobre indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria, y el 30% restante, que se decidirá en 2022, en base a los datos que reflejen la evolución económica entre 2020 y 2021.
Según los indicadores que se usarán, España recibiría un total de 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a más de 70.000 millones de euros en préstamos.
El 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el MRR deberá ser comprometido por la Comisión Europea en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá enteramente a finales de 2023. Los fondos del MRR podrán ejecutarse hasta 2026. Los recursos del REACT-EU deberán ser ejecutados en dos años (2021-22).
El Gobierno concentrará el esfuerzo de movilización de los casi 80.000 millones en transferencias en los primeros tres años (2021-23) para maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía. En 2023 se podrán solicitar préstamos para complementar la financiación de los proyectos en marcha.
No, son instrumentos diferentes y paralelos. El MRR es uno de los instrumentos financieros desarrollados en el marco del NextGenerationEU, el fondo de recuperación extraordinario puesto en marcha por la Unión Europea para impulsar un crecimiento económico sostenible, uniforme, inclusivo y justo en todos los Estados miembros. Este fondo de recuperación, de duración limitada y financiado con recursos adicionales a los previstos para financiar el Marco Financiero plurianual 2021-2027, se integrará en los presupuestos anuales de la UE, en el que también se incluyen los tradicionales fondos de la política de cohesión. Por tanto, son recursos diferentes. No obstante, el MRR puede financiar proyectos de inversión y reformas donde se complemente con otros fondos o programas de la UE.
Para recibir apoyo financiero en el marco del MRR, los Estados miembros de la Unión Europea deben preparar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que se establezca el programa de inversiones y reformas. Los planes incluyen paquetes coherentes de reformas y proyectos de inversión pública con un detalle de las metas, objetivos e indicadores para su seguimiento y control.
A través de las reformas e inversiones, los planes deben abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y acelerar las transiciones verde y digital, con una contribución al objetivo climático de al menos el 37% del presupuesto y una contribución de al menos el 20% del presupuesto para la digitalización de la economía. Las medidas de inversión y de reforma también deben contribuir a aumentar la capacidad de crecimiento económico, así como a la igualdad de género y de oportunidades.
Los Estados miembros pueden presentar oficialmente sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia para su evaluación como norma general hasta el 30 de abril de 2021.
La Comisión evaluará los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia sobre la base de criterios transparentes. En particular, la Comisión evaluará si los Planes Nacionales contribuyen a abordar eficazmente los problemas económicos identificados y las recomendaciones que ha hecho en los últimos años en los informes del Semestre Europeo, si contienen medidas que contribuyen eficazmente a la transición ecológica y digital y si contribuyen a fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la capacidad de recuperación económica y social del Estado miembro.
Para realizar esta evaluación, la Comisión dispone de dos meses desde la recepción oficial del Plan.
Tras la evaluación positiva del Plan por parte de la Comisión, el Comité Económico y Financiero del Consejo dispondrá de un mes para emitir una opinión sobre el correcto cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan, momento a partir del cual se podrá iniciar el desembolso de los fondos.
Se estima que el conjunto del plan puede elevar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2 % a largo plazo. Varios componentes del Plan, como la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, tienen una gran capacidad de tracción y de impulso de sectores importantes de nuestro tejido productivo. La hoja de ruta del 5G, el Plan de Competencias Digitales, el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, la nueva política industrial, la modernización de las políticas activas de empleo son otras de las principales medidas estructurantes y transformadoras recogidas dentro del Plan. Muchos de estos proyectos ya han sido presentados y en algunos se está trabajando desde hace tiempo.
Se han publicado ya seis planes concretos y detallados: el Plan de Digitalización de Pymes, el Plan de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Próximamente se presentará el Plan de impulso de España hub audiovisual.
El objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España es acelerar la recuperación económica y social tras la crisis del COVID-19 y lograr incrementar la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. Por ello, junto con sustanciales inversiones, se han previsto una serie de reformas estructurales cuyo fin es afrontar los retos pendientes de nuestro país y crear las condiciones adecuadas para que estos fondos se inviertan de la forma más eficiente y tengan el mayor impacto posible.
La asignación de los nuevos instrumentos de financiación aprobados por el Consejo Europeo asciende a unos 140.000 millones de euros para España, de los cuales unos
70.000 millones de euros serán transferencias del mecanismo de recuperación y resiliencia, a los que se sumarán los más de 70.000 millones de euros en créditos, que potencialmente pueden movilizarse hasta 2026. Todo ello, sin olvidar los más de
12.400 millones de euros de REACT-EU. A estas cifras hay que sumar los más de 35.000 millones de euros de los fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo previstos en el marco financiero plurianual 2021-2027, el resto de programas comunitarios como Horizonte Europa, en el que las empresas españolas tienen un buen retorno, así como los 47.700 millones de euros de la política agrícola común para el mismo periodo.
Además, España ha recibido ya 11.000 millones de euros en préstamos del mecanismo SURE, que permite ahorrar costes en el pago de los intereses para la financiación de los ERTE, de la prestación extraordinaria de los autónomos y la cobertura de las prestaciones por incapacidad laboral. España recibirá este año otros 10.000 millones por esta vía.
Solo con los mecanismos de NextGenerationEU, se estima que se pueden movilizar más de 500.000 millones de euros de inversión privada, complementaria de la inversión pública, y que su impacto en el crecimiento ya se dejaría notar en 2021 con más de 2 puntos porcentuales de crecimiento adicional del PIB.
Se trata de un volumen de inversión superior al de cualquier otro momento de nuestra historia, y que puede suponer un salto cuantitativo y cualitativo similar al que condujeron los fondos estructurales en los años ochenta y noventa.
Uno de los retos a los que se enfrenta España es lograr canalizar de forma rápida y eficiente la inversión procedente de los fondos europeos a los diferentes sectores económicos. Por ello, el Gobierno ha acometido ya una importante reforma legal con el fin de agilizar la gestión de los fondos y garantizar que se ejecuten de manera transparente: El Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La norma elimina barreras administrativas clave y aborda cuellos de botella que ralentizan la contratación y ejecución de proyectos. Asimismo, y con el fin de reducir plazos, se declaran de tramitación urgente los procedimientos administrativos que estén vinculados a la aplicación del Plan.
También facilita los instrumentos de colaboración público-privada como la creación de Consorcios o la ejecución de medidas a través de Sociedades de Economía Mixta.
El Real Decreto-ley 36/2020 define una gobernanza orientada a facilitar la toma de decisiones y garantizar un efectivo control y auditoria de los fondos. Para ello se crean:
Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, encabezada por el Presidente del Gobierno y de la que forman parte todos los ministerios. Su función es la dirección y coordinación del Plan. Comité Técnico, formado por un máximo de veinte miembros con competencias y experiencia en la gestión de fondos europeos y otros perfiles necesarios para la gestión del Plan.
Unidad de Seguimiento, dependiente de la Presidencia del Gobierno, que tiene el objetivo de realizar el seguimiento del Plan.
Autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, atribuida a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, que responderá ante las instituciones europeas. Autoridad de control del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que recae sobre la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Un elemento fundamental de la cogobernanza es la articulación del Plan con el sector privado mediante un diálogo constante con las organizaciones empresariales y los representantes sociales. Este diálogo permitirá tener una buena comprensión de cuáles son las posibilidades y los proyectos con una mayor capacidad de tracción, incluso a corto plazo.
Las formas de ejecución del Plan van a ser las previstas en el ordenamiento jurídico y utilizadas habitualmente en los procedimientos de gestión pública, habituales en la gestión pública (licitaciones administrativas, consorcios, convenios, convocatorias de ayudas y subvenciones etc.), siempre siguiendo las normas en términos de transparencia, igualdadde trato y no discriminación previstos en la ley.
Se prevén los estándares más elevados en cuanto al control de la gestión financiera y el rigor en la administración de los recursos. La finalidad principal del control será la fiabilidad de los hitos y objetivos, así como prevenir y, en su caso, poner de manifiesto y corregir de las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación. No obstante, como fondos públicos se velará por el cumplimiento de los principios de legalidad y de buena gestión financiera.
Para ello se implementará un sistema de gestión financiera de control y de auditoría a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Son convocatorias realizadas por los diferentes Ministerios que constituyen un ejercicio participativo de identificación de proyectos con potencial. Su finalidad es ayudar a los organismos ejecutores a recabar información para el mejor diseño de los instrumentos, líneas de apoyo u otros mecanismos que se habiliten en el marco del Plan de Recuperación. Por tanto, las manifestaciones de interés recogen posibles iniciativas o proyectos concretos que puedan ser susceptibles de ser financiados en el futuro.
Asimismo, contribuyen a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas de apoyo pueda tener en cuenta la diversidad y las características de los posibles proyectos.
La participación en esta expresión de interés no es un criterio previo ni condición exigible de cara al acceso a la potencial financiación, ayudas o cualquier otro medio de apoyo que pueda convocarse por parte de la Administración. En este sentido, participar o no en estas manifestaciones de interés no limitará la posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura convocatoria a cualquier institución interesada.
Sí, los proyectos transfronterizos son una importante oportunidad cuando las inversiones, en algunos casos muy ambiciosas, afectan a más de un país con visiones compartidas. Por ello, ya se está trabajando con nuestros principales países limítrofes, Portugal y Francia, en proyectos concretos. Asimismo, también con Italia se estudia la posibilidad de articular este tipo de proyectos.