La Diputación crea una Mesa de Diálogo Social para fomentar la “gobernanza participativa” en los asuntos públicos

La Corporación de la Diputación de Cádiz se ha reunido este jueves para celebrar la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo. Una sesión en la que se han puesto sobre la mesa varios planes y estrategias provinciales que tienen en la concertación social, la sostenibilidad y la innovación su razón de ser. Prueba de ello es el Plan de Acciones Estratégicas Integradas para el Desarrollo Productivo de la provincia de Cádiz 2024-2027 promovido por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que, en palabras de su responsable, Germán Beardo, “trata de abarcar los grandes retos de futuro de la provincia de Cádiz”, entre los que ha destacado “la sequía y las nuevas tecnologías aplicadas a la energía y la lucha contra el cambio climático”.

El documento, como ha explicado, pretende desarrollar acciones en torno a siete líneas estratégicas: la transformación económica, sostenible e inteligente; emprendimiento innovador; crecimiento y competitividad de los sectores productivos; talento innovador y desarrollo tecnológico; ecosistemas colaborativos y la cogobernanza abierta; y el turismo. El trabajo en estos siete objetivos generales se concreta con la puesta en marcha de 85 líneas de intervención o programas, algunos ya consolidados como el Cádiz Vale Más y otros de nuevo cuño, como el DipuInnova +, becas para el talento o planes de apoyo para el sector primario.  

Relacionada con esta estrategia, según Beardo, se encuentra la creación de una Mesa Provincial de Diálogo Social sobre la que el diputado ha informado en el Pleno. Se trata de un instrumento de decisión, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas en el marco de una “gobernanza participativa de los asuntos públicos” y con la cooperación de los agentes sociales y económicos de la provincia.

La Mesa estará compuesta por la Diputación -representada por el diputado de Planificación Coordinación y Desarrollo Estratégico, que también la preside-, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresas -como organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la provincia-, y nace con el objetivo de favorecer el diálogo social y por tanto, la capacidad de abordar “entre todos” los problemas. Entre sus fines, se encuentra favorecer la igualdad de oportunidades, reducir las brechas sociales y una orientación social del gasto público, lograr una visión compartida del modelo de desarrollo sostenible e innovador, generar sentimiento de arraigo a las señas de identidad provincial, impulsar la participación ciudadana y establecer consensos para el diseño de las acciones territoriales integradas y las iniciativas locales en el nuevo marco de ayudas de la Unión Europea.

Como funciones tendrá impulsar la negociación y concertación de las políticas públicas en materia socioeconómica, laboral o que incidan en las relaciones laborales y la negociación colectiva; pronunciarse sobre los planes estratégicos y departamentales de la Diputación, así como sobre proyectos y normas de carácter reglamentario; y proponer las modificaciones, sugerencias y aportaciones que considere pertinentes. Se reunirá de forma ordinaria un par de veces al año y de forma extraordinaria siempre que lo acuerden las partes, a propuesta de cada una de ellas.

El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía ha visto cómo se aprobaban por unanimidad los dos programas propuestos para el debate plenario de hoy. Por un lado, el Programa de Inversión para el Desarrollo Energético Sostenible, Proindes 2024, destinado a la realización de actuaciones de eficiencia energética en inmuebles de municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, según ha explicado el responsable del Área, Javier Vidal. Esta edición cuenta con un presupuesto de 760.500 euros, a razón de un máximo de 19.500 euros por cada entidad destinataria (565.500 para ayuntamientos y 195.000 para las diez entidades locales autónomas). Según recogen las bases del PROINDES 2024, se subvenciona la instalación de generadores de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica para autoconsumo con potencia igual o menor a 100 kilovatios; la instalación, renovación o ampliación de farolas solares fotovoltaicas para iluminación exterior y la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos pertenecientes a la flota municipal.

Por otro lado, se ha aprobado el programa de cooperación para paliar los efectos del alga invasora en el litoral gaditano 2024. Esta iniciativa permitirá destinar ayudas por valor de 340.000 euros a los municipios de Tarifa, Barbate, Algeciras, La Línea y Conil para sufragar los gastos extraordinarios que les supone la retirada y eliminación del alga invasora.  

En el apartado de propuestas, el Grupo Popular ha obtenido respaldo para sus tres iniciativas. La primera de ellas, relativa a la aprobación de un marco legal para abordar la problemática de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de “manera más eficiente y humana”, según la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha salido adelante por unanimidad. 

Mismo resultado ha logrado la propuesta de solicitar al Gobierno central la declaración de Barbate como municipio de especial singularidad, así como el reconocimiento de una “deuda histórica” de 412.000.000 euros y la inclusión de la partida económica correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado. La iniciativa, defendida por la diputada de Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo, Isabel Moreno, tiene que ver con el Plan de Especial Singularidad para Barbate promovido por el Ayuntamiento jandeño. Precisamente, el alcalde, Miguel Molina y miembros del Gobierno local han estado presentes durante el debate de este punto. El Plan reclama también “la puesta en marcha de un plan integral que permita al municipio el crecimiento y la prosperidad por tantos años limitada a sus ciudadanos”, según reza la propuesta debatida en el Pleno. 

Por último, con los votos a favor de los grupos Popular y La Línea 100x100, ha salido adelante la propuesta para instar al Gobierno de España a abordar una reformulación del programa FSE+ de Asistencia Material Básica que permita, entre otras cosas, habilitar una vía dual para la provisión de ayudas a las personas más desfavorecidas y ampliar el perfil de las personas destinatarias en función de su situación de vulnerabilidad. 

El Grupo Socialista, por su parte, ha logrado unanimidad en su propuesta relativa al proyecto de decreto por el que se definen los puestos de trabajos docentes de los Centros y Secciones de Educación Permanente (CEPER Y SEPER), tras aceptar una enmienda para respaldar el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y FP y los sindicatos para potenciar estos centros y reforzar las plantillas. 

También se ha aprobado -con los votos a favor de los grupos Socialista, Izquierda Unida y la abstención de La Línea 100 x 100 -una propuesta defendida por el diputado socialista Javier Ruiz Arana para instar al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana a paralizar la “subida descomunal” en el precio del agua para “buscar una alternativa progresiva, proporcional que permita el suficiente tiempo de adaptación a los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas municipales”, así como que la Diputación inste al Consejo de Gobierno de la Junta a impulsar una mesa de diálogo entre el Consorcio y la Junta para tratar este asunto.  

De las propuestas del Grupo Izquierda Unida, se ha aprobado la presentada en defensa de la educación pública. La iniciativa buscaba instar a “las administraciones públicas con competencias en la materia a destinar más recursos y mejor atención ciudadana en materia de educación, especialmente en el mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos, garantizar plazas públicas suficientes y revisar la normativa sobre conciertos educativos”, entre otras medidas. La propuesta, defendida por el diputado Ramón Galán, ha salido adelante con los votos de su grupo, el Socialista y La Línea 100x100. 

Entre otros asuntos, en esta sesión se ha aprobado -por unanimidad- la ampliación del plazo de selección y justificación de las ayudas recibidas en el marco del programa de fomento de la contratación laboral de personas desempleadas para la obtención de una primera práctica profesional adecuada a su formación previa, así como una modificación en la redacción de las bases reguladoras de los planes Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2023 y Dipu-Inver 22 que permiten facilitar su interpretación y ampliar plazos.