Diputación ofrece asistencia técnica a las entidades locales para cumplir la normativa antifraude

Wed May 29 13:29:01 CEST 2024

Diputación ofrece asistencia técnica a las entidades locales para cumplir la normativa antifraude

El diputado Antonio Aragón participa en la jornada formativa celebrada en Arcos de la Frontera

El pasado 2 de julio de 2023 entró en vigor la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, de aplicación a las entidades integrantes de la administración local de la comunidad autónoma de Andalucía, y a organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, se establecen obligaciones que deben ser cumplidas por las citadas entidades.

Para informar sobre esta materia a alcaldes, alcaldesas, representantes municipales y personal técnico de las distintas corporaciones de localidades de menos de 20.000 habitantes, se ha celebrado en Arcos de la Frontera la jornada, ‘Estrategia provincial antifraude’, organizada por el Servicio de Asistencia a Entidades Locales de la Diputación Provincial de Cádiz.

El diputado provincial delegado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha participado en la apertura de esta cita, en la que también ha estado presente el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez.

La actividad formativa ha sido impartida por personal de la Oficina Andaluza Antifraude adscrita al Parlamento de Andalucía, y del Servicio de Asistencia a Entidades Locales, quienes han resuelto las dudas planteadas por las personas inscritas en la misma.

Hay que recordar que la Diputación de Cádiz ha iniciado los trámites para incorporarse a la red de Organizaciones por la Integridad Pública (OIP) que promueve la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), siendo la primera Corporación provincial en Andalucía que emprende este proceso de adhesión. La Oficina se concibe como un refuerzo de la independencia y profesionalidad del personal de la función pública frente a situaciones que pueden suponer un menoscabo de los intereses generales. Establece medios para prevenir y erradicar posibles casos de fraude, corrupción, conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal. De hecho, proporciona un sistema de protección para los denunciantes basado en la preservación de su anonimato y constituye un impulso para la integridad y la ética pública.

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