La mejora de servicios básicos centra el debate político

Por primera vez en más de año y medio el debate entre los grupos políticos de las mociones presentadas ha podido desarrollarse cara a cara y ha fructificado en ocho acuerdos plenarios, en los que la prestación de servicios públicos básicos en circunstancias excepcionales de pandemia y las medidas a adoptar para garantizar sus estándares de calidad han consumido gran parte del tiempo de debate. Dos mociones sobre educación pública, y otras sobre sanidad, atención a la  drogodependencia en prisiones o la cobertura social a trabajadores en ERTE han sido ratificadas por la Corporación, si bien ninguna de ellas por unanimidad.

 El grupo Socialista ha presentado una de las propuestas sobre educación referente al inicio del curso. Daniel Moreno ha defendido la proposición que solicita a la Junta de Andalucía, competente en la materia, que asuma los sobrecostes, valorados en unos 215 millones de euros, derivados de hacer cumplir los protocolos sanitarios de limpieza y adecuación de los centros para su apertura de cara al nuevo año escolar. Estos gastos extraordinarios ocasionados por el COVID-19 están siendo afrontados por los ayuntamientos y por ello se solita que la Junta los asuma y haga llegar los fondos recibidos del Gobierno central con este fin a los municipios para que no se vean afectadas sus economías locales. Todos los grupos secundaron el acuerdo, excepto el PP y Ciudadanos, en contra.  

El grupo Izquierda Unida ha presentado otra moción de defensa de los servicios complementarios de aula matinal y comedor de la escuela pública. La moción pide al Gobierno de la Junta que asuma con sus propios recursos las subidas de precios anunciadas en dichos servicios y su reversión para que asuman su gestión directa, ideas que han sido apoyadas por todos los grupos excepto PP y Ciudadanos, que han votado en contra.

Otra moción de Izquierda Unida referente a servicios públicos esenciales ha recibido el apoyo de los mismos grupos, y la abstención de PP y Ciudadanos, en este caso en referencia a la necesidad de la vuelta a las citas médicas presenciales y otras medidas encaminadas a mejorar las prestaciones de la sanidad pública en aspectos como la reducción de las listas de espera y la concesión de citas de atención primaria, la construcción de nuevos centros de salud, el incremento de personal o el destino del 7% de los recursos del Producto Interior Bruto a la sanidad pública, entre otras cuestiones. 

             El sistema de atención a las adicciones en los centros penitenciarios de Andalucía ha sido abordado por el grupo Socialista en una moción respaldada por el resto de grupos excepto PP y Ciudadanos, que se abstuvieron. David De la Encina, como portavoz en ese punto, ha solicitado que se resuelva el convenio entre Instituciones Penitenciarias y la Junta de Andalucía para que la Diputación pueda seguir prestando estos servicios en Botafuegos y Puerto II en un marco legal convenientemente regulado. La moción también expresa la voluntad de la Diputación para continuar e incluso mejorar la participación en este programa y reitera la petición al gobierno de Andalucía de que presente en este mismo año 2021 un sistema estable de relaciones con las entidades locales que sustituya la convocatoria de subvenciones de concurrencia por un convenio.

 La cobertura social de las personas en situación de ERTE a causa de la crisis sanitaria ha originado el acuerdo de los diferentes grupos, excepto el de Ciudadanos y el Popular. La moción defiende la necesidad de que se extienda este sistema para posibilitar que los trabajadores fijos discontinuos en Andalucía que han estado acogidos a este régimen que no han recibido el pago único recogido en el Decreto Ley 4/2021 puedan compensar la pérdida de rentas. También que las personas con contrato fijo discontinuo beneficiarios de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19 cobren de manera urgente la ayuda complementaria. Además se pide al Parlamento de Andalucía que inste al Consejo de Gobierno a aprobar una nueva ayuda complementaria. 

El grupo Adelante Cádiz ha visto prosperar su moción para la recuperación del humedal ‘La laguna de La Janda’, con la abstención del grupo Popular y el resto a favor. El acuerdo incluye instar a la Dirección General de Patrimonio del Estado y a la Dirección General de Aguas a llevar a cabo las actuaciones necesarias para su restauración de acuerdo a criterios ecológicos. También incluye instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central para que esos humedales, una vez se recuperen, sea protegidos a través de su inclusión en la red europea de espacios naturales Natura 2000.

 El grupo Popular ha sacado adelante una de las tres mociones presentadas, en su caso con la abstención de Adelante Cádiz, sobre las obras de una infraestructura de gran calado para la provincia, las del Nudo de Tres Caminos. Este punto estratégico ha dado lugar al debate tras un verano de gran afluencia de turismo y, por lo tanto, de tráfico en este enclave. La moción insta al Gobierno a dar máxima prioridad a la ejecución de las obras sin que se prolonguen innecesariamente y dotarlas del presupuesto anual suficiente. Además  se posiciona a favor de que en el caso de que, si no se pueden ejecutar en este ejercicio, se asigne al ‘Proyecto de adecuación, rehabilitación y mejora del entorno del Sitio Histórico del Puente Zuazo y Fortificaciones Anejas’ la partida presupuestaria de los Presupuestos del Estado de 2021 que estaba prevista para el proyecto de desdoble del Nudo, con vistas a que no se pierda la inversión.

Quien sí ha alcanzado la unanimidad en su propuesta ha sido el grupo Ciudadanos con respecto a la participación de las personas con discapacidad en las actividades recreativas, facilitando la incorporación de profesionales especializados y cualificados para la atención a personas con discapacidad en las actividades.