Las políticas económicas y sociales centran el debate en el primer Pleno de la Diputación de 2025

La Corporación de la Diputación de Cádiz ha celebrado el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero, el primero del año 2025. La sesión se ha cerrado con la aprobación de diversas mociones relativas a asuntos como la mejora de la financiación de las entidades locales, el apoyo a los grandes dependientes o el derecho a la vivienda.

A iniciativa del PP se ha acordado instar al Gobierno de España a derogar el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, “habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas de protección de datos y privacidad”. Se requiere igualmente establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con los operadores hoteleros, de agencias de viajes y de alquiler de vehículos afectados. Se aprobó con los votos a favor de PP y La Línea 100x100, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE.

El grupo Izquierda Unida ha presentado dos propuestas. La primera estaba referida a la reforma urgente de la financiación local, a fin de que las entidades locales tengan una mayor autonomía. Salió adelante con los votos favorables de IU, PSOE y La Línea 100x100 y el voto contrario del PP. Con la segunda moción, también en materia económica, el portavoz del grupo, Ramón Galán, defendió la necesidad de instar al Gobierno Andaluz a cumplir con lo establecido en la ley  6/2010 de 11 de junio de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, más conocida como Patrica, dotándola con 600 millones de euros de manera anual. Además, solicita que el Gobierno andaluz establezca los mecanismos necesarios para saldar la deuda de 160 millones euros que mantiene con todos los municipios de la provincia de Cádiz “por el incumplimiento sistemático de la Patrica”. El objetivo final, ha explicado Galán, es que los ayuntamientos dispongan de la financiación necesaria para garantizar su autonomía y el buen funcionamiento de los servicios públicos. En este caso se aprobó con los votos de IU, PSOE, La Línea 100x100 y la abstención del PP.

El grupo Socialista ha presentado una propuesta para pedir que la Diputación de Cádiz inste a todos los Ayuntamientos de la provincia a cumplir con la normativa vigente en materia de inclusión en todos los eventos que se realicen bajo su término municipal, así como que la institución provincial tenga en cuenta el derecho a participar de todas las personas de forma inclusiva a la hora de adjudicar un patrocinio. La iniciativa se fundamenta -según el grupo proponente- en las quejas recibidas por colectivos de personas con discapacidad, en relación a la organización del evento ‘Family Weekend’ en El Puerto de Santa María. Se aprobó con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención de PP y La Línea 100x100.

En otra moción, los socialistas han defendido que se solicite al Gobierno de España actualizar y adecuar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la situación de grandes dependientes que puedan incurrir en supuestos de desprotección social y analizando de forma especial el impacto en estas pensiones de la percepción de ingresos procedentes de instrumentos de ahorro. El alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, cuyo hermano, gran dependiente, ha puesto rostro en las últimas fechas a esta problemática concreta, ha estado presente en el Salón Regio de la Diputación durante el debate de esta moción. Todos los grupos han votado a favor de la propuesta.

La tercera moción del grupo del PSOE ha puesto sobre la mesa que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Por ello, han defendido que los presupuestos de la Diputación son una oportunidad clave para abordar el problema de la vivienda, ya que permiten destinar recursos a políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna y asequible. Concretamente, se ha propuesto que se incluyan en los mismos medidas como el aumento de la inversión en vivienda pública, la construcción y rehabilitación de viviendas sociales para ampliar la oferta de alquiler asequible, la adquisición de viviendas vacías para destinarlas a alquiler social, el apoyo a jóvenes y familias vulnerables, la ampliación de programas como el Bono Alquiler Joven, y el impulso a la colaboración público-privada con empresas y ayuntamientos. El portavoz del grupo del PP en este punto y diputado provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, enumeró algunas de las actuaciones que ya se están llevando a cabo en este sentido por parte de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, mostrando su apoyo a la moción, al que se sumaron el resto de grupos.

La rehabilitación y promoción de viviendas en la Casa Bertuchi de San Roque; el proyecto de 55 viviendas protegidas en Tarifa; el planteamiento de otra promoción en Trebujena y en Prado del Rey; o las conversaciones con ayuntamientos para la disponibilidad de suelo urbanizable en Algodonales, Olvera, Tahivilla y Facinas, han sido algunas de las referencias apuntadas por Cossi en el Pleno. El diputado provincial ha recordado la incorporación de una partida de 1,2 millones de euros en el nuevo presupuesto al objeto de reducir la carga financiera de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, mejorar la situación de su tesorería y recuperar la operatividad.